Se acusa a Proman AG y Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) de priorizar el desarrollo industrial en Topolobampo, Sinaloa, sobre los derechos humanos de comunidades pesqueras y pueblos yoremes, mediante acciones como la destrucción unilateral de infraestructura comunitaria sin consulta previa, hostigamiento sistemático contra activistas del Colectivo Ecológico ¡Aquí No!, amenazas, juicios fabricados y esfuerzos por romper el tejido social en un sitio Ramsar protegido.

Expertos de la ONU alertaron al gobierno mexicano en 2024 sobre estas violaciones, exigiendo respuestas, mientras las empresas han respondido parcialmente pero persisten los ataques a defensores ambientales. Aunque Proman-GPO defiende su proyecto de planta de amoníaco como generador de empleos y autosuficiencia en fertilizantes, con avances del 50% en construcción y auditorías ambientales supuestamente aprobadas, las denuncias destacan la falta de consulta indígena y riesgos ecológicos.​