A una década del fallecimiento de Nelson Quichillao López, trabajador contratista del cobre, ocurrido en julio de 2015 durante una represión policial, organizaciones denuncian que no ha habido justicia, y que el Estado, Carabineros y Codelco eludieron su responsabilidad en el crimen. La muerte de Quichillao es presentada como una ejecución política y un símbolo de la represión contra los trabajadores subcontratados y el movimiento obrero. Su figura sigue siendo un emblema de la lucha por derechos laborales, verdad y justicia frente a la impunidad.