por el Centro Sociojurídico de Defensa Territorial - SIEMBRA (Colombia) y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos

El debate sobre la importancia de los derechos humanos en el contexto de las operaciones empresariales se ha visto permeado por la idea de crear un modelo de gobernanza multilateral, regido por una «mezcla inteligente» que incluye mecanismos vinculantes y voluntarios. Sin embargo, este enfoque ha promovido el modelo de gobernanza previsto por John Ruggie, sin resultados significativos en términos de garantía de derechos, lo que ha profundizado la brecha de impunidad empresarial ante los múltiples casos de violaciones de los derechos humanos.

Por esta razón, las comunidades afectadas, organizaciones sociales y la sociedad civil en general reclaman el establecimiento de marcos normativos que sitúen los derechos humanos y las víctimas en el centro. En Colombia, en particular, una coalición de organizaciones de la sociedad civil se ha comprometido a elaborar colectivamente una ley para abordar lo que han denominado «un siglo de impunidad» por las violaciones de los derechos humanos en el contexto de las operaciones empresariales.

Para esta coalición, no basta con afirmar simplemente la importancia de los derechos humanos, ya que la falta de acceso a la justicia de las personas afectadas por las actividades empresariales es también el resultado de una asimetría normativa. Si bien las empresas cuentan con marcos jurídicos para proteger sus inversiones, existen muy pocas leyes nacionales o internacionales, y estas no son lo suficientemente sólidas, que exijan a las empresas respetar los derechos humanos y las hagan responsables legalmente si no lo hacen.

En este contexto, destacan dos iniciativas legislativas que se encuentran actualmente en el Congreso colombiano y que han recibido el apoyo de la sociedad civil. La primera es el proyecto de ley 410 de 2024, que establece un régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas; y la segunda es el proyecto de ley 153 de 2025, un marco legal de obligaciones y mecanismos de derechos humanos para las empresas. En relación con esta última, el Comité de Impulso* de la campaña El Proyecto del Siglo. Justicia frente al poder empresarial destaca algunos aspectos clave de la normativa propuesta.

En primer lugar, crea un marco de obligaciones en materia de derechos humanos para las empresas, con 37 obligaciones corporativas para prevenir las violaciones de los derechos humanos en todas sus actividades, incluida toda la cadena de valor, y para abstenerse de causar, facilitar o beneficiarse de las violaciones de los derechos humanos.

En segundo lugar, el proyecto de ley aumenta las obligaciones del Estado de garantizar el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos en el contexto empresarial, mediante la adopción de medidas preventivas, legislativas, administrativas y judiciales. Entre las principales propuestas se encuentran el deber de prevenir la captura corporativa y los conflictos de intereses, la protección de los derechos humanos en los tratados y acuerdos internacionales, la protección de los defensores de los derechos humanos y las comunidades, y la creación de una Comisión Intersectorial sobre Empresas y Derechos Humanos.

En tercer lugar, el proyecto de ley propone medidas para responsabilizar legalmente a las empresas, en materia civil y administrativa, por las violaciones de los derechos humanos que causen, permitan o faciliten en el curso de sus actividades económicas o comerciales. Por un lado, ajusta la responsabilidad civil extracontractual para especificar que las empresas deben ser responsables de los daños que violen los derechos humanos por acción u omisión. Por otro lado, establece un marco de sanciones administrativas, como multas graduadas, la suspensión o cancelación de permisos, licencias o autorizaciones, e incluso la suspensión o cancelación de la personalidad jurídica. La responsabilidad se extiende a los representantes legales, miembros del consejo de administración, administradores, auditores legales y auditores, y puede extenderse a los socios, accionistas y beneficiarios efectivos si se demuestra su participación directa o beneficio sustancial, o si se levanta el velo corporativo.

En cuarto lugar, se adoptan mecanismos para eliminar los obstáculos al acceso a la justicia de las comunidades afectadas y las víctimas de violaciones de los derechos humanos que se producen en el contexto de las operaciones empresariales. El proyecto de ley no crea una nueva jurisdicción ni un nuevo mecanismo judicial. Sin embargo, proporciona directrices claras para configurar sentencias judiciales que aborden mejor las complejidades de los casos relacionados con las empresas y animen a los jueces a abordarlos desde una perspectiva de derechos humanos.

Con esta propuesta normativa, la sociedad civil colombiana está marcando el camino para que los derechos humanos estén en el centro de la toma de decisiones y para garantizar la realización de un modelo económico pluralista y justo. Sin esta base, Colombia no podrá consolidar el Estado de derecho social y ecológico que se ha propuesto como proyecto de sociedad. La responsabilidad recae ahora en manos del Congreso de la República, donde la sociedad civil seguirá promoviendo transformaciones sociales clave.

* El Comité Directivo de la campaña «El Proyecto del Siglo: Justicia frente al Poder Corporativo» se creó en 2023 y está integrado por el Centro Sociojurídico SIEMBRA, el CINEP/PPP, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), Censat Agua Viva, FIAN Colombia, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), la Asociación Minga y la Fundación Heinrich Böll.